Además, tanto el informe como la comisionada destacaron el «debilitamiento de la independencia del poder judicial» como uno de los principales retos.

«Se observaron una serie de acciones promovidas por grupos de poder desde dentro y fuera del Estado que tendrían como fin debilitar la independencia judicial y, en consecuencia, el Estado democrático de derecho», recoge el documento.

Además, la comisión observa que los colectivos que tradicionalmente han sufrido más discriminación – como las mujeres, las personas LGTBI o los pueblos indígenas – están sufriendo un recrudecimiento de los ataques.

«Parece que está permitida la discriminación, que últimamente los discursos xenófobos y discriminatorios son naturales y están permitidos los ataques a grandes valores que la sociedad ha logrado a lo largo de los años. Parece que está incluso en cuestionamiento dentro de la Comisión», denuncia.

La ‘lista negra’ de la CIDH

Uno de los capítulos del informe está dedicado al desarrollo de los derechos humanos en todos los países de la región y, en uno de sus subapartados, se incluye una especie de ‘lista negra’ donde la CIDH sitúa a los países en los que detecta más violaciones. 

El nuevo informe mantiene a Cuba, Nicaragua y Venezuela en este apartado, porque, según dijo Pochak, no existe «articulación alguna con los gobiernos y no permiten el ingreso de la CIDH en sus territorios».

Pero, a diferencia del año pasado, este no incluye a Guatemala. 

Como explica la vicepresidenta, esto no se debe a que la situación en el país haya mejorado lo suficiente, sino que el nuevo Gobierno guatemalteco invitó a los representantes de la comisión a hacer una visita en el país para trabajar conjuntamente en estas mejoras. 

Por eso, el nuevo informe deja en una especie de reposo su inclusión o no en esta lista mientras prepara un documento con las conclusiones del viaje. 

«Todos los países están en peligro y en todos se producen violaciones de los derechos humanos», asegura Pochak.

Con el ojo en algunos países

De hecho, la CIDH está alarmada con la situación que se vive en algunas naciones de la región, aunque no formen parte de esta clasificación. 

Es el caso de Perú, donde, según la vicepresidenta, se están viviendo «fuertes retrocesos en materia de justicia, de memoria histórica y verdad», o el de El Salvador y la alargada declaración del estado de excepción.

Señala que han insistido a las autoridades salvadoreñas para que les permitan visitar las cárceles para «revisar las condiciones de detención» pero que no ha sido posible.

Sin embargo, la vicepresidenta felicita a países como Guatemala, Brasil o Colombia y a «aquellos que son capaces de reconocer su déficit en materia de derechos humanos» por el trabajo conjunto.