En Bogotá, Colombia, en la cárcel La Picota, están detenidos tres venezolanos integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, sospechosos de haber participado en Santiago del secuestro y asesinato del exteniente y disidente venezolano Ronald Ojeda el 21 de febrero de 2024, crimen que según la Fiscalía habría sido encargado por agentes del Estado de Venezuela, el mismo régimen que ahora está tratando de entorpecer los planes de extraditar a los delincuentes a Chile para evitar que sean enjuiciados y condenados en terreno nacional.

La maniobra, que según fuentes de El Líbero de la Fiscalía de Colombia, sería para proteger a estos delincuentes y evitar que entreguen información concreta que vincule al gobierno de Nicolás Maduro con el homicidio por encargo, consistió en presentar sus propias solicitudes de extradición -después de las chilenas- para llevarse a los detenidos a Venezuela.

El problema es que como Venezuela no tiene tratado de extradición con Chile, si Colombia accede a enviarlos a ese país, los detenidos no pisarían nunca más territorio chileno y el caso de Ojeda quedaría truncado. La última palabra en todo esto es del Presidente de Colombia, Gustavo Petro.

A ello se suma que el otro detenido por el crimen, que permanece en Estados Unidos, habría sido guardaespaldas de la hija de Diosdado Cabello -el ministro más cercano a Maduro-, antecedente de interés en ese país y por el cual podría demorarse aún más su envío a Chile.

La Fiscalía Nacional sostiene que ante «dos solicitudes concurrentes por un mismo hecho, debe priorizarse la jurisdicción donde se cometió el delito«, es decir, se debe dar preferencia a Chile. Con todo, avizoran que no habrá novedades sobre las extradiciones antes del último trimestre de 2025.

Quiénes son los sospechosos a los que se les pide la extradición por el caso de Ronald Ojeda

Por el caso de Ronald Ojeda hay una veintena de detenidos, sin embargo, los cabecillas de “Los Piratas de Aragua”, célula del Tren de Aragua que habría estado a cargo del asesinato, abandonaron el país a los pocos días del crimen.

Tras órdenes de captura internacional, se detuvo a tres de ellos en Colombia, uno en Costa Rica y uno en Estados Unidos. En Colombia también se detuvo a «Larry Changa», uno de los fundadores del Tren de Aragua y quien llegó a Chile en 2018 para instalar la célula en el sur del continente.

El de Costa Rica -que manejó uno de los vehículos que se usaron en el secuestro-, Maickel Villegas, fue enviado con celeridad desde ese país a Chile, mientras que en febrero de 2025 se inició el proceso de extradición de los otros en Colombia y Estados Unidos. Sin embargo, las diligencias presentadas por Venezuela, dicen en Colombia, han extendido el trámite.

El primero en caer fue Dayonis Orozco Castillo (“El Botija” o “Boti”) el 24 de abril de 2024 en Popayán, Colombia, cuando trataba de huir a Ecuador. Orozco también estaba requerido en Chile por el asesinato del carabinero Emmanuel Sánchez el 10 de abril de ese año en Quinta Normal, homicidio donde también participó otro de los detenidos en Chile por el caso Ojeda. La extradición por ese caso ya se concedió, quedando pendiente sólo la relativa a su participación en el crimen de Ronald Ojeda.

El “Boti”estaba en el chat de coordinación que tenían los “Piratas” para organizar el secuestro del disidente venezolano.

Aunque el Ministerio Público informó a El Líbero que su segunda extradición está pendiente, según Caracol Noticias, estaba casi lista, pero en la demora de ser ratificada, Venezuela aprovechó de presentar su propia solicitud de extradición firmada por el fiscal general, Tarek William Saab.  Según informó la Corte Suprema de Colombia a este medio, las solicitudes de Chile son del 23 de mayo de 2024 (por el carabinero) y del 21 de mayo de 2025, mientras que la de Venezuela fue presentada el 3 de abril de 2025 por «homicidio a carabinero en ejercicio de funciones y porte ilegal de armas de fuego», delitos que no cometió en ese país.

«En el caso de Dayonis Orozco, el gobierno colombiano ha resuelto esperar el segundo pronunciamiento judicial antes de emitir su decisión administrativa. Se estima que esta resolución podría conocerse durante el último trimestre de 2025», informó la Fiscalía.

El 7 de diciembre fue detenido en Cúcuta Carlos Gómez (“Bobby de Cagua”), jefe de la célula criminal en Chile y que recibió la orden de concretar el secuestro y asesinato de Ojeda. La “autorización” para el operativo criminal quedó registrado en un chat de WhatsApp llamado “BANDERA PIRATA”. La Fiscalía asegura que su proceso está pendiente, mientras que en Colombia se señala que la Corte Suprema habría cursado la extradición, pero que ahora deberá pronunciarse por la solicitud venezolana.

En efecto, la Corte Suprema de Colombia informó a El Líbero que el 28 de mayo de este año se dio «concepto favorable» a la solicitud de extradición de «Bobby» por «asociación ilícita para el tráfico de drogas, secuestro, homicidio y robo con intimidación», y que fue enviado al Ministerio de Justicia y del Derecho.

Mientras, Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias “Gocho”, fue capturado en Boyacá el 6 de febrero de este año y Chile pidió su extradición el 15 de mayo. Venezuela lo cursó un día antes. Él es sindicado como quien sepultó a Ronald Ojeda metiendo su cuerpo en una maleta con cal y luego lo cubrió con cemento en la toma Santa Marta de Maipú. Por su rol en el crimen, él sabría con certeza cuáles eran las instrucciones para no dejar rastro y de quién provendrían. Sobre él también pesan peticiones de extradición tanto de Chile como de Venezuela.

Hay que recordar que según el fiscal nacional, Ángel Valencia, hay al menos tres personas que en la investigación declaran que el crimen fue encargado y pagado por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello.

Asimismo, la Fiscalía de Estados Unidos tendría demorada la extradición de Adrián Rafael Gámez Finol, “El Turko”, quien junto a “Bobby” dirigió los movimientos para llevar a cabo el crimen de Ronald Ojeda. Esto, porque según Ex Ante, manejarían la información de que Gámez fue guardaespaldas de la hija de Diosdado Cabello, Daniella Desirée Cabello. De ser así, podría tener información sobre el vínculo entre las organizaciones criminales y el gobierno venezolano.

También pesan solicitudes de extradición por parte de Chile y Venezuela sobre «Larry Changa» (Larry Amaury Álvarez Núñez). A él le respondían “Bobby de Cagua” y “El Turko”.

A principios de mes el FBI entregó un informe a un juez federal acusando al régimen de Nicolás Maduro de usar al Tren de Aragua para desestabilizar países como Chile. 

Petro tiene la última palabra

Pero ¿qué sucede ante la situación de tener dos solicitudes de extradición de dos países distintos? Según explicó la Fiscalía Nacional, el procedimiento en Colombia tiene dos fases: primero, en una etapa judicial se decide si la extradición es o no procedente, y posteriormente viene una etapa administrativa, donde el Ejecutivo puede aceptar o rechazar la extradición concedida judicialmente, y «en caso de concurrencia de solicitudes entre dos Estados, decidir a cuál de ellos se concede la entrega, si ambas han sido admitidas judicialmente».

Según una alta exjefatura del crimen organizado de Colombia, el país donde se cometió el crimen tiene prioridad por sobre Venezuela, pese a que para pedir la extradición a ese país el régimen de Maduro argumentara que la banda criminal se organizaba en esa nación. Además, las solicitudes de Venezuela podrían considerarse extemporáneas al haber sido presentadas después de las de Chile.

“El gobierno de Maduro está tratando de callarles la boca porque mandaron a matar a este exiliado, refugiado, que estaba huyendo. Esa es la intención: entorpecer y demorar el requerimiento”, explicó una fuente colombiana con condición de anonimato a El Líbero.

Las solicitudes de extradición deben tener el visto bueno de la Corte Suprema, pero posteriormente tienen que ser ratificadas por el Presidente colombiano, que es quien tiene la última palabra en esta disputa. “La Corte Suprema no es de Gustavo Petro y no le sigue sus caprichos”, advirtió la misma fuente.

El abogado de la viuda de Ronald Ojeda, Juan Carlos Manríquez, dijo a El Líbero que ante este escenario, Chile “debiera intensificar el lobby sobre Petro y reiterar el mejor derecho de Chile a juzgarlos, pues de lo contrario, es muy probable que exista impunidad y en ese caso Petro también podría ser llevado ante la Corte Penal Internacional (CPI)”.

De prosperar la solicitud de Venezuela, “no los podríamos extraditar a Chile”

Consultado el Ministerio de Relaciones Exteriores acerca de las gestiones para promover un resultado positivo para Chile, desde la cartera explicaron que «Cancillería ha gestionado activamente con las autoridades colombianas las extradiciones, manteniendo un contacto constante con ellas para asegurar la entrega de información que sea requerida, como también para reiterar en todas las oportunidades posibles la relevancia que tiene para Chile la entrega de los requeridos. En ese país, las extradiciones tienen una primera etapa de tramitación judicial ante la Corte Suprema, tras lo cual son entregadas para la decisión final del Presidente de la República, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho».

«Adicionalmente, esta Secretaría permanece en contacto regular con el Ministerio Público y el Poder Judicial para favorecer la tramitación exitosa de los requerimientos. Todas las novedades relevantes son comunicadas al Poder Judicial, que tramita las causas bajo reserva», agregaron.

En Colombia, el que Venezuela haya solicitado extraditar a los sospechosos del crimen de Ronald Ojeda también generó alarma. Al respecto, el jefe de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional de Chile, Juan Pablo Glasinovic, comentó a Caracol Noticias que “Venezuela, por su propia Constitución, prohíbe la extradición de sus nacionales; por lo tanto, si esta hipótesis llegara a concretarse y estas personas fueran enviadas a Venezuela, significaría que no las podríamos extraditar a Chile en concreto y tendrían que ser juzgadas en Venezuela, lo cual, desde la perspectiva de nuestras investigaciones y nuestros objetivos, no sería para nada positivo”.

El pasado viernes 6 de junio, el fiscal nacional, Ángel Valencia, dijo en radio Duna que “la investigación todavía es reservada, pero solo quisiera hacer presente que cuando sostenemos de que en ella hay antecedentes, de que en el homicidio del teniente Ojeda habrían intervenido, ya sea en la planificación, ya sea en su ejecución, agentes del Estado venezolano, es porque tenemos antecedentes serios para sostenerlo y están contenidos en la propia investigación. El esclarecimiento de ese delito probablemente requiera no solo de los esfuerzos de las policías chilenas y de la Fiscalía chilena, sino que también de mucha cooperación internacional. Pero esa investigación todavía está vigente, todavía está vigente y probablemente vamos a seguir recibiendo información para esclarecer cómo los hechos ocurrieron. Muy probablemente sólo conocemos todavía una parte y quizá no la parte más grave”.

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