Magallí Meda, quien forma parte del grupo de cinco opositores asilados en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas —custodiada por Brasil—, dijo este martes a la agencia de noticias EFE que agentes policiales impiden el acceso a la sede diplomática de bidones de agua para beber.

Meda aseguró que agentes de la Dirección de Acciones Estratégicas (DAET) y Tácticas y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) retienen a los camiones que venden el agua potable y “los dejan esperando una y dos horas” para “luego decirles que no hay autorización de despachar”.

La opositora indicó que esta es la tercera semana que no se permite el ingreso de agua potable y, añadió, en la sede solo queda “una mínima reserva”.

“Se atrevieron a simplemente negar el acceso a agua potable. Muy grave, es una raya roja que no se habían atrevido a pasar”, indicó la asilada.

Asimismo, reiteró que la residencia permanece sin servicio de luz, desde que la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) se “robara” los fusibles de electricidad en noviembre, según afirmaron los antichavistas ese mes.

Por su parte, Omar González, otro de los refugiados, alertó sobre una situación “crítica” en la residencia al asegurar, como Meda, que la policía “prohibió el ingreso de botellones (bidones) de agua potable a la Embajada argentina en Caracas”.

“Sin agua corriente ni electricidad, la situación es crítica. ¡Nuestras vidas corren peligro! ¡No dejen que ocurra otra desgracia!”, manifestó González en su cuenta de X.

Además de Meda y González, en la sede argentina están Pedro Urruchurtu, Claudia Macero y Humberto Villalobos —todos colaboradores de la líder opositora María Corina Machado—, quienes ingresaron a la residencia el 20 de marzo de 2024 luego de que la Fiscalía anunciara una orden de detención en su contra.

Un día después se sumó el exministro de Transportes y Comunicaciones, Fernando Martínez Mottola, quien estuvo en el recinto diplomático hasta el 19 de diciembre del año pasado, cuando se presentó ante la Fiscalía. En febrero pasado, el opositor murió tras sufrir una hemorragia intracerebral, según precisaron los asilados.

El pasado 15 de marzo, el Comando con Venezuela insistió en una “reacción inmediata” de la comunidad internacional ante esta “violación a los derecho humanos, que permita la verificación en persona del estado de los asilados —cuya salud física, mental y emocional está en riesgo— y que contribuya a generar presión para que se solucione este asedio, pero sobre todo, que se otorguen finalmente los salvoconductos que corresponden según la normativa internacional”.

Desde agosto de 2024, la residencia permanece bajo la protección de Brasil, luego de que la dictadura de Nicolás Maduro expulsara al cuerpo diplomático argentino ese mes.

Sin embargo, Venezuela revocó en septiembre pasado la autorización a Brasil tras denunciar la supuesta planificación de actos terroristas en el interior de la sede por parte de los asilados.

Después de la medida, el Gobierno brasileño indicó que “permanecerá con la custodia y defensa de los intereses” de Argentina hasta que el presidente Javier Milei “designe a otro Estado aceptable” para el Ejecutivo venezolano.

Los opositores aseguran que comen alimentos enlatados y utilizan como fuente de energía un ventilador con un panel solar, que tiene puertos de carga para los teléfonos móviles.

(Con información de EFE)